El simplismo de la pena de muerte

Cada cierto tiempo, ya sea por la ocurrencia de algún delito especialmente mediático, o por la cercanía de elecciones, se pone sobre el tablero el asunto de la pena de muerte. Generalmente son los mismos políticos ―conservadores― los que la reclaman y los mismos medios ―amarillistas― los que la publicitan. El último en mover este tema ha sido el pastor Lay, con motivo de su eventual postulación a la presidencia, y lo ha hecho apelando a los lugares comunes de nuestros congresistas: la Biblia, su opinión personal y ningún otro elemento de análisis mínimamente elaborado.
[Actualización] A través de Peru21 me entero de un grupo de congresistas que ha propuesto el día de ayer aplicar la pena de muerte para los delitos de corrupción. Es lamentable que esa sea la única idea que son capaces de generar nuestros políticos.

El tema con este tipo de asuntos, en los que las convicciones personales se mezclan con la legislación y el funcionamiento de la sociedad, es que deberíamos poder analizarlos a partir de estudios especializados, desde una perspectiva científica, de una postura mínimamente educada y profesional. La dureza de las sanciones penales es, en ese sentido, un asunto que entra principalmente en el ámbito del derecho, pero existe una gran cantidad de disciplinas que han aportado herramientas y conocimiento a la discusión más general de cómo lidiar con la delincuencia. Específicamente, cómo resolver los problemas que aparecen en un sistema donde conviven elementos con diferentes estrategias de funcionamiento. La teoría de juegos es un buen ejemplo de ello y partiré de ahí para desarrollar un poco este punto.

¿Cómo podemos empezar a entender este tema desde una perspectiva algo más elaborada? Imaginemos un sistema constituido por un bien común, a disposición de todos, y por elementos que siguen una única estrategia: consumirlo y procesarlo. En principio, si el procesamiento del bien común no genera mayores recursos que aquellos que consume, el sistema colapsará. Eso es lo que usualmente se conoce como «la tragedia de los (bienes) comunes«, término acuñado por George Hardin a partir del artículo del mismo nombre, publicado en Science, en 1968. Pero el sistema también podrá colapsar en la situación contraria, cuando los recursos generados sobrepasan a los consumidos. En estos casos, lo que ocurre es que aparece una segunda estrategia y esta puede ser adoptada por una fracción importante de la población. Esta segunda estrategia es la que se conoce como la del free-rider, aquel individuo que aprovecha los recursos del sistema, pero no aporta a este con su trabajo. En líneas generales, podemos ver a los delincuentes como free-riders: se aprovechan de los recursos generados por los demás ciudadanos ―quitándoselos―, sin realizar el aporte correspondiente a los recursos de la sociedad.

Para evitar la tragedia de los bienes comunes cuando la población de free-riders se expande, generalmente aparece una tercera estrategia: la del vigilante. Los vigilantes invierten parte de sus recursos ―individual o colectivamente― en supervisar el comportamiento de los demás elementos del sistema. El paradigma de vigilante financiado colectivamente es la Policía. Cuando los vigilantes capturan a un free-rider, ejercen una sanción sobre este, que en principio le aporta recursos al sistema. En nuestra sociedad, podríamos ver esto de dos formas: las reparaciones civiles, por un lado, pero sobretodo el beneficio de evitar que los delincuentes sigan aprovechándose de los recursos de la sociedad, al restringir su libertad. Los vigilantes sobreviven en el sistema siempre y cuando el beneficio de las sanciones sobrepase el costo de su inversión, sea como sea que se financie esta.

Hasta aquí tenemos un modelo bastante simplificado de cómo funciona la sociedad, pero con la suficiente robustez como para explorar gran cantidad de fenómenos y comportamientos. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de vigilantes que debería existir? ¿Cuánto debería invertirse en ellos, a partir de una cuantificación pre-establecida en los beneficios que resulta capturar free-riders? ¿Cómo reducimos los beneficios de la actividad del free-rider, para evitar que esta sea una estrategia demasiado popular? Y a partir de ahí, pueden explorarse varias cosas más, por ejemplo, ¿qué debería hacerse con aquellos elementos que presencian la actividad de un free-rider, sin participar de ella, y no lo denuncian? A estos individuos suele llamársele free-riders de segundo orden y, aunque parezcan inofensivos, a veces son los más perjudiciales. Deberíamos saberlo: la informalidad y la criollada que nos rodean son producto de esa parsimonia. De esa indiferencia cómplice con la estamos acostumbrados a dejar que quienes nos rodean se salten las normas. Por algo hemos acuñado esta lamentable frase que repetimos desde la infancia: «el que no es conchudo, muere cojudo«.

¿Por qué nuestros políticos no hablan de la seguridad ciudadana y las medidas para combatir la delincuencia en nuestra sociedad a partir de este tipo de figuras? Antes de proponer sanciones más duras «porque sí» ―la pena de muerte es el caso extremo―, ¿no cabría explorar otro tipo de alternativas? Pocas veces he escuchado que tengan eco los argumentos de especialistas que defienden que la educación, el deporte o cualquier otro recurso social son más efectivos para combatir la delincuencia que simplemente aumentar los años de cárcel de los sicarios o mandar fusilar a los violadores. Nuestra sociedad es un sistema enormemente complejo. Por lo mismo, los análisis no deberían limitarse a mover una o dos variables, sino a estudiar el comportamiento de todos los factores relevantes involucrados. De otro modo, no se está haciendo nada más que populismo, puro y duro.