En la actualidad somos constantemente testigos de actos de corrupción por parte de servidores públicos de todos los niveles en la administración de los activos del estado. Esta situación es particularmente alarmante. Según una encuesta de Ipsos los años 2010 y 2015 el 47% y 52% de los peruanos, respectivamente, consideraban que la corrupción es uno de los tres grandes problemas del Perú´.[1] En el 2014 la procuraduría anticorrupción reporto que 92% de los alcaldes de ese periodo estaban siendo investigados por supuestos actos de corrupción vinculados a los delitos de malversación de fondos, peculado de uso, apropiación ilícita de fondos públicos, negociación incompatible y colusión.
[ Extraído de:www.lucidez.com]
Estos hechos afectan gravemente a los ciudadanos y suponen un obstáculo, especialmente en los países en desarrollo, para erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible en el tiempo. Como ejemplo, la interrupción en las obras del gaseoducto del sur, como consecuencia de actos de corrupción, generó una pérdida de aproximadamente 1% del PBI, lo que equivale aproximadamente a 2000 millones de dólares americanos.[2]
En este sentido, resulta importante realizar medidas que puedan ser indicadores de actos de corrupción. Hoy en día ya existen algunos mecanismos como los implementados por el Sistema de inteligencia financiera que mide el desbalance patrimonial para detectar lavados de activos. Del mismo modo, este tipo de procesos se pueden escalar a nivel nacional, a nivel de ciudadanos (brindando cierto nivel de privacidad) y se puede hacer en tiempo real. Esto es posible gracias al uso de la extracción de conocimiento automatizado sobre los datos públicos, que hoy en día ya se tienen. Entidades públicas como las municipalidades, gobiernos regionales cargan datos de acceso público dentro del marco de la ley de transparencia. Dichos
datos pueden ser cruzados con datos de que entidades como la SUNAT[3], la SUNEDU[4], el MEF[5] y la SEACE[6] ponen a disposición de los ciudadanos. Esto permite medir, por ejemplo, si el personal recibe remuneraciones acordes a su nivel de preparación, esto podría señalar indicios de tráfico de influencias si funcionarios no calificados ocupan puestos de especialistas. Este mismo tipo de estudios se puede llevar acabo para ver el comportamiento de los proveedores del estado y sus niveles de facturación por periodos de administración gobiernos municipales o regionales.
[ Extraído de:www.viavansi.com]
El presente proyecto propone un proceso que permite identificar y caracterizar ciertos actos de mala administración pública. Nuestra propuesta está compuesta de tres grandes etapas:
- Caracterización del evento atípico: en esta etapa, se recuperarán y analizarán datos de una municipalidad.
- Identificación del evento: gracias al análisis de datos, se puede conocer el evento per se y encontrar patrones.
- Generación de tableros (dashboards) que permitan tomar decisiones a los gestores de entidades públicas.
[1] Fuente: https://elcomercio.pe/politica/actualidad/costo-corrupcion-peru-informe-385423
[2] Fuente: https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/costo-corrupcion-jose-ugaz-142985
[3] Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria: e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
[4] Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria: enlinea.sunedu.gob.pe/
[5] Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
[6] Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado: http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/ buscador Publico/buscadorPublico.xhtml
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