La ley y el orden, en versión peruana

¿Tiene sentido una reforma aislada del Poder Judicial? Para los titulares y ante la vista de la opinión pública, seguramente, pero lo que podemos intuir, desde un enfoque sistémico —y sin necesidad de mayores suspicacias políticas—, es que se tratará de otro amague de reforma que terminará en lo mismo de siempre: en nada.

La comisión instalada por el presidente Vizcarra para reformar el Poder Judicial puede desbarrancar toda su buena intención por una ejecución reduccionista. Si bien es cierto que nuestro Poder Judicial necesita de una reforma urgente, una verdadera transformación solo podrá darse si se articulan reformas en los otros dos elementos que conforman la impartición de justicia en un sistema como el nuestro: la Policía y el Ministerio Público. No es casualidad que los audios de IDL-Reporteros hayan destapado también problemas en esta última entidad y es esperable una tormenta política alrededor de la juramentación del nuevo Fiscal de la Nación. Este acaba de asumir su cargo, envuelto en una notoria polémica, comprometiéndose a «introducir correctivos» para los casos emblemáticos. Es decir, más parches y soluciones superficiales, planteados e implementados unilateralmente. Si acaso, esta es una oportunidad fantástica para reconstruir el sistema judicial completo, no de forma aislada y entrecortada, sino de raíz, desde los tres principales elementos que lo componen. ¿No son acaso los momentos más críticos los que definen quiénes somos realmente?

¿Por qué es necesario reformar las tres partes del proceso judicial, en lugar de enfocarnos solo en una? Digamos que la respuesta más sencilla sería esta: ver un capítulo de la noventera «Law & Order«; es imposible no verlo de forma más clara ahí. Bromas aparte, en realidad se trata de un proceso retroalimentativo inseparable: la ley solo se puede hacer cumplir desde un Poder Judicial limpio, eficiente y profesional. Pero para que un proceso llegue hasta allí, tiene que haber una fiscalía independiente, proba y capaz de plantear, presentar y llevar los casos frente a un juzgado. Y para esto, la fiscalía reposa en su brazo ejecutor, la Policía. Esta última es la que investiga y actúa frente a la comisión de un presunto delito. Pero además, es la fuerza que garantiza la seguridad e integridad de aquellos que forman las otras dos partes del sistema, así como del proceso que estos siguen. Las tres fuerzas se sostienen entre sí y se protegen mutuamente. ¿Qué garantías tiene un juez de poder dictar una sentencia justa, o un fiscal de procesar a un delincuente poderoso, sin una fuerza policial que les asegure su integridad? ¿Y qué garantías tiene la policía de poder actuar frente a la comisión de un delito, sin un Ministerio público que respalde su accionar, o sin un Poder Judicial que imponga una sentencia, a quien sea, cuando esta sea requerida?

La gente sale a las calles pidiendo, desde hace mucho, «que se larguen todos«. Fuera del anarquismo superficial que denota esta indignación, la frase muestra justamente un hartazgo hacia los parches a los que estamos acostumbrados, cuando en nuestro país alguna parte del Estado colapsa estrepitosamente. Los problemas profundos de un sistema complejo, como el Estado o la sociedad, no se solucionan por partes, sino integralmente. Hoy, gracias a la podredumbre que ha destapado la investigación de IDL-Reporteros, el presidente Vizcarra tiene la oportunidad de impulsar una verdadera reforma, no solo en el Poder Judicial, sino también en la Fiscalía de la Nación y en el Ministerio del Interior, especialmente porque este último es enteramente su responsabilidad. Veamos qué nos demuestra en los próximos días.